Violencia Sexual

 

Con el objetivo de documentar la violencia sexual que sufren las mujeres en México y la calidad de los servicios  que  son proporcionados por las Secretarias de Salud Estatales, de acuerdo a la NOM-046, en el mes de agosto y septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio solicitó información a 25[1]  Secretarías de Salud Estatales, referente al periodo de enero de 2009 a junio de 2010, a través del Sistema de Información Pública (INFOMEX).  

Las variables se agruparon en 5 bloques: 1) Datos registrados de Víctimas de Violencia Sexual, 2) Atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, 3)Acciones de promoción y prevención contra la violencia, 4) Coordinación entre instancias y 5) Protocolos de atención.

Del total de solicitudes hechas a las Secretarias de Salud, sólo 16 estados[2] proporcionaron información parcial sobre los casos de violencia sexual[3], en estas entidades  se registró un total  de 7,166 casos denunciados. Los Estados con el mayor número de casos registrados en el periodo fueron: Durango con 899 casos, Quintana Roo con 842 casos y Nuevo León con 790 casos.

De los 16 estados que proporcionaron datos sobre  violencia sexual, sólo 8 Secretarias[4] proporcionaron información sobre el número de víctimas que fueron violadas sexualmente, siendo Quintana Roo con 842 casos, Chihuahua con 652 casos y Nuevo León con 315 casos los estados de mayor índice registrado. Los argumentos presentados por las secretarias de salud para no proporcionar la información como número de víctimas de violación sexual y mujeres atendidas de acuerdo a los criterios de la norma 046 fueron:

1)    No cuentan con la información en sus registros.

2)    No tienen la información desagregada

3)    Incluyen los casos de violación sexual en violencia sexual

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • No cuentan con personal que se encargue de recopilar la información sobre la norma-046.
  • Falta de seguimiento a los casos atendidos en los centros especializados de atención a la violencia lo que se ve reflejado al no contar con la información en sus registros.

Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos de la solicitud de información fue conocer sobre la atención que se brindó  a las  mujeres víctimas de violencia sexual, de acuerdo a los estándares de la Norma 046:

II. Atención Integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046 de enero de 2009 a junio de 2010.

En el rubro sobre atención integral de acuerdo a los criterios de la  Norma-046, 9 estados[5] presentaron información sobre la atención que brindan a las mujeres víctimas de violencia sexual, siendo 1,057 mujeres las que recibieron una atención integral de manera parcial, es decir, no todas recibieron la atención de acuerdo a los criterios de la Norma-046.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de 9 estados, de enero de 2009 a junio de 2010:

  • A 7,299 mujeres  se les proporciono anticoncepción de emergencia.
  • A 267 mujeres víctimas de violación sexual se les proporciono anticoncepción de emergencia.
  • A 324  mujeres víctimas de violación sexual se les proporciono tratamiento para la prevención de ITS.
  • A 433  mujeres víctimas de violación sexual se les realizo una prueba de VIH.
  • A 33 mujeres se les realizo una prueba de embarazo en el momento que se realizo la denuncia.

Las demás Secretarías[6] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. No cuentan con esa información es sus registros.
  2. Las mujeres cuando viven una violación requieren apoyo psicológico y no piensan en una posible trasmisión de VIH/SIDA o embarazo.
  3. No contestaron ni dieron argumentos por los cuales no proporcionaron la información.

De acuerdo a la Norma-046 en el punto 6.3.1, se debe de brindar a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual una atención integral a los daños tanto psicológicos como físicos, así como a las secuelas específicas, refiriéndolos en caso de ser necesario, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

Con respecto a la información proporcionada por las Secretarias de Salud, se puede observar que no se les está proporcionando la atención integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046.

No hay  un seguimiento de las mujeres que acuden por atención y que se ve reflejado en la falta de información en sus registros.

 

Edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia  sexual de enero del 2009 a junio de 2010

Sólo 3 estados[7] proporcionaron información desagregada sobre la edad de las víctimas, con lo que se puede determinar que en dichos estados el 72.8% de las víctimas de violencia sexual son mujeres que tienen de 11 a 40 años.

Cuadro 1. Edad de las mujeres.

   Edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia  sexual de enero del 2009 a junio de 2010  
1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 Más de 61 No especificado
Guanajuato 17 39 54 54 54 5 4  
Nuevo León 41 140 159 148 82 20 16  
Quintana Roo 71 348 151 126 51 13 4 78
Totales 129 527 364 328 187 38 24 78
Porcentajes 7.7% 31.5% 21.7% 19.6% 11.2% 2.3% 1.4% 4.7%

Los demás estados[8] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. Las edades oscilan entre los 11 y 65 años de edad.
  2. No cuentan con la información desagregada por grupo de edades.
  3. No cuentan en los registros con la información.

 

Como se puede observar en la mayoría de los estados no se está registrando la información de manera desagregada, por lo tanto en lo referente a las edades de las víctimas es difícil tener un dato preciso de éstas, por lo que no se puede saber cuál es el grupo de mujeres, por edad, más vulnerable a este tipo de agresión, y así poder dirigir las acciones adecuadas para erradicar este tipo de violencia.

Preocupa que los estados no tengan este tipo de información estadística, a pesar de que la Norma-046 lo establece claramente en el punto 7, ya referido anteriormente, en donde busca por medio de este registro se conozca la frecuencia de probables casos por grupos de edad, institución notificante y entidad federativa.

 

Acceso a Interrupción Legal del Embarazo de enero de 2009 a junio de 2010.

De las 16 secretarias que enviaron su información, sólo el Estado de México proporciono información sobre el número de mujeres víctimas de violencia sexual (36) que solicitaron un aborto y se les autorizó el mismo.

Los demás estados[9] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. No cuentan con esa información en sus registros.
  2. Esa información le corresponde a los Ministerios Públicos.
  3. Ninguna mujer lo solicito.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • Falta de coordinación entre la SSA y el ministerio público.
  • Falta de canalización a los centros especializados de atención a la violencia.
  • Falta de seguimiento a las víctimas de violación sexual.

 

 

Acciones de promoción y prevención en contra de la violencia realizadas por la Secretaria de Salud.

De los 16 estados que respondieron a las variables solicitadas, todos mencionan que hacen acciones en torno a la prevención de la violencia. Estas acciones son: distribución de trípticos sobre prevención de un embarazo no deseado en caso de relaciones sexuales forzadas, pláticas en las escuelas sobre prevención de la violencia, escuelas para padres para la prevención de la violencia sexual y la violación, pláticas a niños sobre prevención de la violencia y abuso sexual, carteles y volantes que hablan sobre la violencia doméstica y conductas de maltrato, pláticas en las unidades de salud, capacitación permanente al personal de salud para la prevención y atención de la violencia familiar, obras de teatro, conferencias en hospitales, jornadas de salud reproductiva, jornadas de prevención de la violencia, entre otras.

Más del 90% mencionó que su personal médico está capacitado en temas como: detección, registro y referencia de mujeres en situación de violencia; sobre el manual operativo del modelo integrado de la Norma-046; sobre violencia familiar, de género y servicios de salud; sobre atención médica a personas violadas; sobre el diagnóstico presuntivo de maltrato infanto-juvenil; sobre aspectos legales de la violencia familiar y de género; sobre la violencia y sus diferentes manifestaciones, entre otros temas.

De acuerdo a la Norma-046 en el punto 6.1.1.1. Las y los prestadores de servicios del sector público deberán participar en el diseño y ejecución de programas educativos para la prevención y detección temprana de la violencia familiar o sexual dirigidos a la población en general; 6.1.2.1. Promover la integración de grupos de promotores comunitarios y de redes sociales en materia de violencia familiar y sexual para informar, orientar, detectar y canalizar casos de violencia familiar o sexual, y promover el derecho a una vida sin violencia y a la resolución pacífica de los conflictos, en coordinación con las dependencias competentes; 6.1.3.1 Participar en el diseño, ejecución y evaluación de campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre las formas en que se puede prevenir y combatir la violencia familiar.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • La falta de campañas permanentes en la comunidad no abona a la disminución y erradicación de la violencia sexual.

 

Convenios de Colaboración con los Ministerios Públicos, así como con instituciones educativas.

Las 16 Secretarías que contestaron mencionaron que no cuentan con esa información en sus registros o no constestaron.

Lo anterior nos permite señalar que hay una falta de coordinación entre ambas instancias, cuando la Norma menciona, en el punto 5.5 de las generalidades de la implementación de la Norma-046, que las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado, para realizar una oportuna canalización de las personas involucradas en violencia familiar y sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras.

Además en el Párrafo V de las competencias de la Procuraduría General de Justicia de la Ley General de acceso a una vida libre de violencia se menciona que debe brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o encargadas de dar su atención.

 

Conclusiones:

  • Las Secretarias de Salud no cuentan con una sistematización de la información sobre la atención integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046, debido a que sólo 9 estados presentaron información parcial sobre la misma.

 

  • La falta de coordinación entre las secretarias de salud estatales y los ministerios públicos se convierten en un obstáculo para que las mujeres víctimas de violación accedan a la atención integral, así como a una interrupción legal del embarazo.

 

  •  La falta de lineamientos de ILE por violación en los Ministerios Públicos se convierten en un obstáculo para que las mujeres víctimas de violación accedan a un aborto.

 

 

  • Las acciones de promoción y difusión deben de ser permanentes y abarcar a los diversos grupos etarios para la erradicación de la violencia.

 

  • Hay una falta de coordinación con las universidades nacionales y locales, por lo que no hay un mecanismo de evaluación sobre la atención en los Centros de Atención a la Violencia.

[1] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz,  Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, Baja California, Estado de México y Michoacán.
[2] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Edo. de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
[3] La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “ todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”
[4] Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Edo de México, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
[5] Aguascalientes, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán.
[6] Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.
[7] Guanajuato, Nuevo León y Quintana Roo.
[8] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
[9] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
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