Si deseas firmar la acción urgente de Kathya Monserrat y Giavanna

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ACCIÓN URGENTE Y CARTA PETICIÓN DE KATHYA MONSERRAT LOPEZ BANDA SOBRE LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS POR INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Quiero presentarme y presentarles a grandes rasgos mi caso. Yo me llamo Kathya Monserrat Lopez Banda y quiero solicitar su ayuda para que se me haga justicia y me devuelvan a mi hija GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ

Me case aquí en San Cristóbal De Las Casas con ERICH DIESTEL REYES y por motivo de que mi esposo empezó a agredirme físicamente, a golpearme con sus puños, a darme patadas aun embarazada, a difamarme, a insultarme diciendo cosas horribles, a humillarme ante su familia, por lo que me fui de mi casa levantando una acta, pero ERICH  y junto con su padre PRISILIANO ANGEL DIESTEL ALFARO me han hecho victima varias veces de agresiones e infamias. Así ellos sabían que en a fines de noviembre me operaron del apéndice en el Estado de México, pues allá se encuentra mi familia y ERICH sabiendo mi estado de convalecencia  viajo a la ciudad con su novia y me pidió ver a mi menor hija GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ y con engaños y de la manera mas cobarde me la robaron el 18 de noviembre pasado y hasta el día de hoy no la he recuperado. La angustia y amenazas, retardaron mi convalecencia, no podía ni caminar, esperare casi un mes para poder levantarme y viajar a Chiapas, a donde llegue el 5 de enero. Hoy me encuentro en SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, donde acudí ante varias autoridades incluyendo la encargada del Centro de Justicia para las Mujeres, donde en un principio me recibieron muy bien, conocí hasta la casa de la señora ANA ELISA COELLO, encargada de un Centro de Justicia para mujeres, me prometieron ayuda, pero en cuanto supieron quien era el agresor, el cambio fue notorio y para mi inexplicable, (luego me entere que esta señora es amiga de la familia DIESTEL) y no me apoyaron como en un inicio se planteo incluso la recuperación rápida de mi hija y mi protección. Me enviaron al DIF para que atendieran mi caso, como si no fuera grave y un delito lo que me habían hecho, ahí la “ayuda” consistió en darme un citatorio para llamar a mi agresor, que la misma licenciada del DIF me pidió llevara personalmente a ERICH. Al llegar a su casa y mostrar el citatorio del DIF, se enojaron mucho, me metieron a la casa jalándome al interior sujetando y tirando con fuerza de mi cabello. Mi nena estaba ahí , ella al verme me abrazó y no quería soltarme, ni yo tampoco, y entonces entre varios familiares de ERICH me encerraron, entre ellos sus hermanos IVAN DIESTEL REYES. KAREN DIESTEL REYES, ANGEL DIESTEL REYES, y PRISILIANO DIESTEL ALFARO y golpearon brutalmente, eran mas de cuatro gentes entre ellas también, la que se dice su novia LISETH SOLIS, por ello al ser golpeada ya estando adentro grite auxilio, un joven que pasaba llamó a la policía y con su celular tomo video de la agresión, todos se fueron sobre mi, me arrebataron a mi nena y me lesionaron todo mi cuerpo, incluyendo la herida quirúrgica que aún no está completamente cicatrizada. Llegó la policía y oyendo mis gritos de auxilio y abrieron la puerta, pero en lugar de ayudarme me esposaron y me encarcelaron durante 3 días. El padre de ERICH, de nombre ANGEL PRISILIANO les decía a la policía que yo era una delincuente, que él era familiar de la Regidora Municipal, y que me detuvieran. Salí bajo fianza y hoy enfrento una denuncia de allanamiento de morada y lesiones cuando la agredida fui yo y a la que le robaron a su hija fue a mí.

Erich siempre me amenazo y me decía que es muy poderoso en San Cristóbal, porque tiene dinero, familia en la política y amistades muy influyentes, lo que he comprobado de la manera mas dolorosa, con sus amenazas cumplidas de dañarme, hundirme y causarme todo tipo de daños, meterme a la cárcel, inventarme delitos y con ello ha impedido que pueda ver y recuperar a mi hija. Ha logrado que el juez le de a él y no a mí como marca la Ley para los menores de 7 años que deben reincorporarse con su madre siempre y en cualquier conflicto o en su caso llevarla a una institución pública, mientras ello se resuelve. Su demanda y la mía que entran casi simultaneas están con el mismo juez y con en la misma secretaría de acuerdos con un licenciado (que me informan ya tiene quejas por su actitud tendenciosa y otras conductas inadecuadas), sobre todo en casos de custodia la custodia. Por todos estos motivo recurro a todos y todas Ustedes, incluida la señora ANA ELISA, pido y solicito su ayuda desde mi ser MADRE que ama a su hija mas que a nada en el mundo y que esta aquí, pese al miedo y terribles experiencias que he padecido a manos de mi agresor, mi esposo, el padre de mi hija. Se los pido rogándoles que consideren que mi hija esta sufriendo mas que nadie y su dolor se suma al mío…

 

DE LA MANERA MAS ATENTA Y URGENTE PIDO JUSTICIA PORQUE ME ARREBATARON A MI HIJA DE FORMA BRUTAL Y VIOLENTA, ME GOLPEARON ENTRE MUCHOS, ME LASTIMARON SABIENDO DE MI OPERACION QUE APROVECHO PARA GOLPEARME DONDE MAS ME DUELE, CUMPLIENDO SU AMENAZA DE QUITARME A MI HIJA SI NO HAGO LO QUE EL QUIERE…PIDO JUSTICIA Y TAMBIEN LO MAS IMPORTANTE QUE ME REGRESEN A MI AMADA HIJA GIOVANA LINETH QUE ME ROBARON EN EL ESTADO DE MEXICO; SUPLICO SU AYUDA A ,MI CASO; SOLICITO ME REGRESEN A MI HIJA LO ANTES POSIBLE PORQUE SIENTO Y SE QUE CORRE PELIGRO CON ESA FAMILIA VIOLENTA FAMILIA, QUE USA TODOS SUS RECURSOS PARA GOLPEAR Y SECUESTRAR CON IMPUNIDAD GARANTIZADA POR QUIENES DEBEN CUIDAR LA JUSTICIA Y EVITAR LA VIOLENCIA. POR FAVOR AYUDENME  Y  DESDE AHORA DOY GRACIAS MIL POR SU ATENCION Y MIENTRAS ESPERO SU RESPUESTA SEHUIRE LUCHANDO EN EL MEDIO LEGAL POR MI HIJA, ESPERANDO QUE TODA LA PROPAGANDA QUE HAY EN CHIAPAS A FAVOR DE LAS MUJERES SEA CIERTA

 

 

KATHYA MONSERRAT LOPEZ BANDA

 

ACCIÓN URGENTE DIRIGIDA A :

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er. Piso,
Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Juan Gabriel Coutiño Gómez
Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte Oriente No. 2100
Fracc. El Bosque, C.P. 29047 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Raciel López Salazar
Procurador General de Justicia del Estado
Libramiento Norte y Rosa del Oriente, No. 2010,
El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Alma Rosa Cariño Pozo
Fiscalía Especializada en Protección
a los Derechos de las Mujeres Libramiento Norte
y Rosa del Oriente, No. 2010, Edificio Adjunto,
El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Ana Elisa López Coello
Centro de Justicia para las Mujeres
Libramiento Norte y Rosa del Oriente, No. 2010,
Edificio Adjunto, El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lic. Darinel Niño Alegría Fiscalía de Distrito Altos
Av. Prolongación Insurgentes, Palacio De Justicia De Los Altos S/n, Barrio San Diego C.P. 29270 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Lic. Arturo Guerrero Juárez
Dirección General del Ministerio Público en lo Civil y Familiar
Libramiento Norte y Rosa del Oriente, No. 2010,
El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Consejo Estatal de los Derechos Humanos
Boulevard Comitán 143, Col. Moctezuma
C.P. 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 

A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO DE MUJERES

A LA SOCIEDAD CIVIL

P r e s e n t e

Video sobre diagnóstico e informe sobre la situación de las defensoras de DDHH en México

Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo.

versión electrónica del diagnóstico defensoras DDHH en México, 2010-2011

Toda persona, grupo o institución que contribuye a eliminar efectivamente las violaciones a derechos humanos y a las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos[1] es defensora de derechos humanos. Su trabajo es un aporte estratégico para mantener la democracia y la paz social, es también, sustento para el desarrollo de oportunidades de vida digna para toda la sociedad. Con su trabajo las personas que defienden derechos humanos amplían las posibilidades de participación ciudadana de manera constante y transforman las relaciones de poder opresivas en todos los órdenes de la vida social para realizar cambios profundos que se sostengan en el tiempo.

 

En México la tortura, la desaparición forzada y la criminalización de la movilización social han vuelto a estar presentes en forma sistemática. Nuevas formas de esclavitud y de trata de personas como aquellas con fines de explotación sexual y laboral se han incrementado, así como los homicidios con motivos de discriminación como lo es el feminicidio. Continúan también la mortalidad materna por falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a la educación, y las restricciones en el derecho al trabajo. Todas éstas son formas de violaciones a derechos humanos que afectan a mujeres y hombres.

 

Sin embargo es notorio que en México, quienes más dan seguimiento, quienes mantienen la memoria, denuncian y exigen justicia ante las violaciones a derechos humanos, son principalmente mujeres. Son la madres, las esposas, las hermanas y las amigas las que van llevando la cuenta de la limitación de las libertades. En su camino por exigir justicia ellas mismas son agraviadas por la violencia institucional contra las mujeres, a la par que se enfrentan a la impunidad y la falta de reparación. Estas defensoras emergentes se suman a cientos de defensoras que en México tienen una tradición por promover y defender los derechos humanos, en general a través de organizaciones civiles, movimientos sociales amplios, procesos comunitarios y aún de manera independiente.

 

Pero, ¿el hecho de ser mujeres genera particularidades en los obstáculos y violencia que enfrentan? ¿implicaría medidas de protección específicas y diferenciadas a las de sus colegas hombres? Estas son algunas de las preguntas que orientaron el Diagnóstico sobre las condiciones y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su trabajo que integra las reflexiones de más de 60 defensoras mexicanas de derechos humanos de diversos movimientos sociales y que trabajan en diversas regiones del país.

 

El 76% de las defensoras participantes reconocen especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo. Las diferencias detectadas son: el tipo de violencia, las formas en la que esta se ejecuta, los actores que la ejercen, así como las causas y sus consecuencias. Entre quienes sí reconocen especificidades por género,  40% de las menciones apuntan a la violencia sexual, ya sea en calidad de amenaza o de acto, como uno de los principales tipos de violencia contra defensoras. Por su parte, 12% identifican, como principal violencia, las amenazas contra la familia, hijos e hijas. Si bien esta modalidad de violencia puede darse también contra los defensores, en el caso de las defensoras genera una mayor inhibición de su trabajo. Es importante señalar que también se describieron diferencias de género específicas de los hombres. Al respecto, 4% señalaron que los hombres son más susceptibles a agresiones físicas que las mujeres.

 

La relevancia por la condición de género de las defensoras se invierte al reflexionar sobre las medidas de protección. Sólo el 26% de las defensoras entrevistadas consideran necesario desarrollar medidas de protección específicas de acuerdo a la condición de género. 

 

Traducir el reconocimiento del carácter diferenciado de los ataques y daños en medidas de protección específicas y adecuadas a esas diferencias no ha sido un proceso sencillo. Sin embargo, las que sí consideran pertinente contar con medidas diferenciadas señalan que, en particular para las mujeres, se hace necesario tomar en cuenta las especificidades de la violencia, por ejemplo, al reconocer que se deben crear medidas que les brinden una mejor protección ante la violencia sexual, ante la falta de credibilidad con que son tomadas sus denuncias, o ante la mayor soledad en la que se las deja. Así mismo, se subraya la necesidad de que los procesos de protección no sostengan el clásico prejuicio sobre la indefensión de las mujeres y que, en vez de ello, se diseñen sobre la base de construir su empoderamiento. 

 

Para efectivamente proteger a las defensoras y garantizar que desarrollen su trabajo a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos, es necesario también tener claridad sobre quiénes son los actores que las atacan. El Estado, a través de sus agentes y funcionariado de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes son los principales señalados. Las defensoras registran que de la violencia que viven, el Estado es responsable en un 55%. Esta violencia incluye agresiones y amenazas que, aunque perpetradas por personas particulares o  desconocidos, tienen a las autoridades locales, estatales o federales como instigadoras y autoras intelectuales. El 45% restante son actos de violencia cometidos por grupos conservadores, empresas, medios de comunicación y en menor medida, por colegas de los propios movimientos sociales.

 

Sólo el 4% de las defensoras contestó no haber sufrido ni violencia ni obstáculos al realizar su trabajo. 50% de las defensoras que respondieron el cuestionario dijeron haber sufrido violencia directa  por razón del trabajo que realizan; el 50% restante reconoció haber enfrentado obstáculos severos. Los actos de violencia que viven se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: a) aquellos que refieren a la vida, a la libertad y a la integridad personal; b) los relacionados con al uso indebido de los recursos del Estado, ya sean jurídicos o de uso legal de la fuerza; c) actos de violencia que difaman y desprestigian su trabajo y  persona; y d) actos que lesionan los bienes inmuebles donde trabajan, su propiedad, sus recursos, así como su privacidad y relaciones personales. La violencia que atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de quienes defienden derechos humanos es la que más se registra (60%). En un aspecto más amplio, el 86% señalaron que sus organizaciones, o bien compañeros y compañeras de trabajo, han sido objeto de violencia. Es decir, que tanto ellas, como su organización y su equipo de trabajo, se encuentran en una situación de alto riesgo.

 

Un elemento que dificulta el reconocimiento de la violencia contra las defensoras es la naturalización de la violencia en contra de las mujeres, todavía imperante en nuestras sociedades. La violencia por el hecho de ser mujeres se agudiza por el trabajo que realizan, pues trastoca los órdenes del género en el que las mujeres deben permanecer en el espacio privado, fuera de las exigencias de los derechos. Por ello se insiste en la necesidad de analizar y realizar las propuestas a través de la perspectiva de género.

 

Las medidas de protección que se implementen requieren tomar en cuenta también el contexto presente. Cuatro son los ejes que las defensoras detectan como más problemáticos para poder desarrollar su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos: la debilidad democrática, la intervención en el Estado por los poderes fácticos; la desigualdad social y económica; y la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres.

 

En ese contexto y con las partiuclaridades del Estado mexicano, las defensoras que se encuentran en mayor riesgo actualmente se detectan de acuerdo a un conjunto de elementos que pueden acumularse en una sola defensora. Por su condición se encuentran en mayor riesgo las defensoras indígenas, aquellas que tienen escasos recursos económicos y las jóvenes. Por el tipo de derechos que defienden, quienes defienden del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, principalmente violencia familiar y violencia feminicida, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y las defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, principalmente el derecho a la tierra y a la libertad sindical. Respecto de la manera en cómo realizan la defensa, aquellas que exigen el acceso a la justicia, las que denuncian públicamente las violaciones a derechos humanos y las que tienen un impacto claramente local son las que más riesgo corren. Finalmente el contexto en el que trabajan también puede ser indicativo del riesgo que corren, actualmente un contexto ligados a una cultura conservadora, y aquellos que se encuentran en situación de conflicto armado, ya sea por grupos cirminales o por la presencia de cuerpos de seguridad pública o del ejército, estabelcen un mayor riesgo para defender derchos humanos.

 

El diagnóstico incluye también información cualitativa sobre quiénes son estas defensoras, en qué situación se encuentran y cómo realizan su trabajo. Las defensoras participantes son diversas, como diversas son las causas que defienden. 36% son jóvenes adultas que han incorporado como parte de su proyecto de vida profesional y personal el ser defensoras de derechos humanos. En la otra mitad encontramos un amplio rango de edad. La diversidad generacional supone en sí misma un recurso importante de intercambio de experiencias y de perspectivas diversas, pues implica la convergencia y la acción coetánea de distintas generaciones y experiencias históricas.

 

Solo 20% de las defensoras participantes consideran que cuentan con recursos suficientes para dar respuesta a la demanda de trabajo que tienen y a las actividades programadas. Por su parte, 56% consideran que los recursos cubren apenas lo necesario, mientras que 24% consideran que son, definitivamente, insuficientes. Como recursos se refieren tanto a los económicos, como a los humanos y materiales. Esta carencia limita el desarrollo de su labor como defensoras y pone en riesgo su propio patrimonio. Para muchas la poca remuneración o la falta de personal hace que la mayor parte de su trabajo sea voluntario. Otras señalan que, además de todo ello y debido a  la precariedad en la que se encuentran las personas con las que trabajan, ellas mismas terminan aportando de sus propios ingresos.

 

La violencia contra las defensoras tiene como objetivo político detener su acción de promoción y defensa de los derechos humanos. En condiciones adecuadas de apoyo y soporte, las defensoras no solo logran remontar los daños directos por las agresiones sufridas, sino que también logran fortalecer su trabajo, su agenda y sus espacios. Los efectos negativos de la violencia pueden ser revertidos con el apoyo social y a través de estrategias y acciones que las empoderen y les den garantías de seguridad.

 

Al preguntarles qué medidas les resultaban útiles para garantizar su seguridad y protección, destacaron en primer lugar (36%) el apoyo de otras organizaciones civiles y de sus redes, tanto locales como nacionales e internacionales. Por su parte, las muestras de solidaridad y apoyo en momentos de agresión representa un recurso sumamente valorado por las defensoras, ya que les permite no sentirse aisladas y las fortalece para aminorar el miedo y enfrentar la agresión. La construcción de medidas de seguridad en el barrio o la comunidad en la que viven también se definió como un recurso útil para su protección, pues puede brindar resguardo y apoyo inmediato.  Así mismo, se valoraron las redes informales, ya sean personales o de confianza, que las defensoras han desarrollado con personas vinculadas a las instituciones del Estado, a las embajadas, al sistema de Naciones Unidas o incluso en los medios de comunicación, y que, en momentos críticos, se transforman en alianzas estratégicas para enfrentar las agresiones. Sin embargo, en su mayoría coinciden que la manera más efectiva de garantizar su protección es terminar con la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

 

El diagnóstico es una presentación cualitativa de las condiciones y la situación en como trabajan las defensoras de derechos humanos en México. Se incluye su reflexión sobre cómo asumen la identidad de defensoras y las razones de por qué la asumen. Del contexto en el que trabajan resaltan los elementos que más obstaculizan su trabajo: la debilidad democrática, la intervención en el Estado por los poderes fácticos; la desigualdad social y económica; y la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres. De manera directa, se analiza la violencia que viven las defensoras por su trabajo, así como los efectos que esta violencia tiene en la defensa de los derechos humanos, en sus organizaciones y en su persona.

 

El diagnóstico también profundiza en primera persona sobre lo que les es útil a las defensoras para protegerse y para recuperarse, con ello se presentan necesidades y retos que pueden orientar las propuestas y los procesos que es necesario fortalecer e impulsar. Además se incluye un video en el que se da voz a algunas defensoras sobre lo que les motiva a hacer su trabajo, la situación de violencia que viven y la propuesta de articularse.

 

La información recabada en el diagnóstico es resultado de las reflexiones escritas por cincuenta defensoras mexicanas como respuestas a un cuestionario que se presentó como parte del Primer Encuentro Nacional de Defesoras de Derechos Humanos en México, en octubre de 2011. Esas respuestas se enriquecieron con las reflexiones y memorias de ese primer encuentro así como del segundo que se realizó en noviembre del 2012, en cuentros en lso que participaron más de 60 defensoras en cada edición. La iniciativa surgió principalmente por el incremento de la violencia que viven por realizar su trabajo, también por la invisibilización de su situación, lo que obstruye garantizar su protección y cubrir sus necesidades por condición de género. El proceso ha sido facilitado por Asociadas por lo Justo (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.


[1] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución A/RES/53/144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 .

Pronunciamiento Público

Pronunciamiento Público

Marcha Mundial de las Mujeres Chiapas

8 de marzo de 2011

 

Un 8 de marzo más dónde las mujeres salimos a las calles reivindicando este día de resistencia, de lucha y sororidad feminista. Para nosotras el 8 de marzo tiene como objetivo visibilizar la situación de las mujeres y denunciar la violencia estructural que el sistema patriarcal ciñe sobre nosotras. Denunciamos la expropiación de este día de lucha por el estado y sus instituciones, al que utilizan como metáfora femenina, como un festejo a los paradigmas y la cosificación de las mujeres. Más aún, el estado manipula este día para legitimar su tecnocracia de género, exaltando sus inútiles, engañosas y ofensivas políticas públicas para las mujeres, mientras elude su responsabilidad en la violencia feminicida que recrudece al país.

 

No podemos olvidar que la violencia contra las mujeres en todas sus formas se enraíza en el sistema capitalista y patriarcal, que la naturaliza, la invisibiliza y la sostiene. Reproduce la violencia estructural dejando la cancha abierta para que cualquier hombre pueda libremente asesinar a una mujer considerándola de su propiedad, con la seguridad que le ofrece la impunidad. Ofrece pactos patriarcales entre los agresores, que se cubren las espaldas unos a otros, minimizándola y justificándola. Garantiza que en esta sociedad la vida y la integridad de una mujer no tengan valor, a pesar de que se vanaglorien los “avances” que han logrado las mujeres. Empobrece a las mujeres, disputándoles sus recursos naturales, haciéndolas dependientes de programas asistenciales que reproducen sus papeles femeninos tradicionales. Avala que la única normatividad válida sea estar en nuestras casas, subordinadas, sin ningún asomo de disidencia sexual. La realidad es otra, las mujeres seguimos siendo consideradas objetos sexuales, objetivos de guerra, estadísticas, cuerpos a disposición, víctimas pasivas.

 

Venimos a decir nuevamente que la violencia contra las mujeres no cede ni da tregua. Vivimos una situación pavorosa en relación con los asesinatos de mujeres, de luchadoras sociales, de persecución y hostigamiento hacia las mujeres que se atreven a romper el silencio y levantar la voz. Estamos hartas de ser asesinadas a manos de quienes dicen amarnos, de morir asesinadas en las calles, en el fuego cruzado de esta “guerra” contra el narcotráfico, de morir asesinadas por abortos mal practicados, de morir asesinadas por lo que somos y lo que pensamos.

 

En este día recordamos a nuestras compañeras asesinadas, Bety Cariño, Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Susana Chávez, Digna Ochoa, Teresa Bautista, Felícitas Martínez y a las más de 12,000 mujeres asesinadas en los últimos 10 años. En Chiapas continúan impunes los asesinatos de Ana Laura Suárez, Tatiana Trujillo, de las 34 mujeres asesinadas en Acteal, entre muchos otros. Denunciamos la falta de voluntad política para resolver estos crímenes. Además de la afrenta que significan las muertes de nuestras compañeras,  por si fuera poco tenemos que soportar que denigren sus vidas, que se justifiquen sus asesinatos, que se desvirtúen los motivos políticos de esos crímenes. No nos sorprende. Que podemos esperar de un estado fallido presidido por un tecnócrata y asesino, con instituciones patriarcales hechas a la medida y con la militarización como escudo protector y legitimador de la violencia.

 

Ya rompimos el silencio y no nos vamos a callar. El estado no silenciará las voces de las agredidas, de las perseguidas, de las asesinadas, de las desaparecidas, porque por nuestra voz seguirá retumbando la exigencia de justicia hasta encontrarla. No olvidaremos porque el olvido reproduce la impunidad y significa una afrenta más para nuestras compañeras asesinadas y para todas las mujeres que luchan y resisten día a día.

 

¡Basta de Feminicidios, Basta de Impunidad!

¡Ni una mujer menos, ni una asesinada más!

 

¡Bety cariño, presente!

¡Josefina Reyes, presente!

¡Marisela Escobedo, presente!

¡Susana Chávez, presente!

¡Digna Ochoa, presente!

 

¡Justicia para todas las mujeres asesinadas!

¡Alto a la impunidad!

 

Marcha Mundial de las Mujeres Chiapas, Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Colectivo Feminista Mercedes Olivera, Colectiva Lésbica Feminista Autónoma LESBrujas, Mujeres de Maíz en Resistencia, Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas, Mujeres en resistencia contra las altas tarifas de luz, Agua y vida: mujeres, derechos y ambiente, Grupo Cultural Revolucionario por la emancipación de la Mujer, Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas, Colectivo Rosa Luxemburgo, Kinal Antsetik.

La Marcha Mundial de Las Mujeres en el FSM 2011

El Foro Social Mundial reunió alrededor de 75 mil personas en Dakar, Senegal entre el 6 y el 11 de febrero de 2011. Caravanas de todos los países de África del Oeste han sido organizadas, haciendo actividades de movilización en el camino. Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres, participamos de muchas caravanas, especialmente  con importantes delegaciones de Malí y de Mauritania.

La intensa participación africana y las revoluciones que suceden ahora en el Norte de África crearon un clima de fuerza y energía que ayudaron las participantes a superar los obstáculos logísticos y organizativos del Foro.

Además, esa energía creada por el encuentro de luchas populares estuvo en el centro de la Asamblea de los movimientos sociales, que reunió casi 3.000 personas en el 10 de febrero. La Asamblea, organizada por nostras, por  CADTM, Vía Campesina, Grassroots Global Justice, para nombrar algunos de los movimientos, invitó a todos los movimientos sociales a seguir, reforzar o empezar un trabajo común alrededor de dos fechas globales de movilización: el 20 de marzo como un día internacional de la solidaridad con el levantamiento del pueblo árabe y africano, cuyas conquistas nacionales refuerzan las luchas de todos los pueblos, y una jornada de acción global en contra el capitalismo en el 12 de octubre, donde de todas las maneras posibles, rechazaremos ese sistema que destruye todo a su paso.   

La Asamblea también invitó a la convergencia de luchas alrededor de cuatro ejes: contra las transnacionales; por la justicia climática y la soberanía alimentaría; contra la violencia hacia las mujeres; contra la guerra, el colonialismo, la ocupación y la militarización. El reto es entrelazar estos ejes, lo que nos hace recordar de nuestro reto permanente de articular nuestros cuatro Campos de Acción. El hilo conductor fue trazado en la actividad auto-organizada por la MMM en el Foro, “Lucha feminista en contra el militarismo, el capitalismo y el patriarcado: 3ra Acción Internacional”, que reunió alrededor de 500 personas el 8 de febrero. Mujeres de 22 países nos contaron sus actividades y aprendizajes en el trascurso de la Acción Internacional y compartimos informes de las acciones regionales y el Cierre en Bukavu, RDC.

El 9 de febrero, hicimos un taller de construcción de alianzas entre la MMM y las mujeres de la Vía Campesina y Amigos de al Tierra Internacional en el tema de la soberanía alimentaría, la violencia hacia las mujeres y la justicia climática. Esto fue un momento para que las militantes y las dirigentes de tres movimientos tuviesen la oportunidad de conocerse mejor, al igual que el estado de la discusión y como hacer para avanzar.

Más informaciones sobre el FSM 2011 estarán en el próximo boletín internacional de la MMM, que va a ser divulgado a fines de marzo.

Violencia Sexual

 

Con el objetivo de documentar la violencia sexual que sufren las mujeres en México y la calidad de los servicios  que  son proporcionados por las Secretarias de Salud Estatales, de acuerdo a la NOM-046, en el mes de agosto y septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio solicitó información a 25[1]  Secretarías de Salud Estatales, referente al periodo de enero de 2009 a junio de 2010, a través del Sistema de Información Pública (INFOMEX).  

Las variables se agruparon en 5 bloques: 1) Datos registrados de Víctimas de Violencia Sexual, 2) Atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, 3)Acciones de promoción y prevención contra la violencia, 4) Coordinación entre instancias y 5) Protocolos de atención.

Del total de solicitudes hechas a las Secretarias de Salud, sólo 16 estados[2] proporcionaron información parcial sobre los casos de violencia sexual[3], en estas entidades  se registró un total  de 7,166 casos denunciados. Los Estados con el mayor número de casos registrados en el periodo fueron: Durango con 899 casos, Quintana Roo con 842 casos y Nuevo León con 790 casos.

De los 16 estados que proporcionaron datos sobre  violencia sexual, sólo 8 Secretarias[4] proporcionaron información sobre el número de víctimas que fueron violadas sexualmente, siendo Quintana Roo con 842 casos, Chihuahua con 652 casos y Nuevo León con 315 casos los estados de mayor índice registrado. Los argumentos presentados por las secretarias de salud para no proporcionar la información como número de víctimas de violación sexual y mujeres atendidas de acuerdo a los criterios de la norma 046 fueron:

1)    No cuentan con la información en sus registros.

2)    No tienen la información desagregada

3)    Incluyen los casos de violación sexual en violencia sexual

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • No cuentan con personal que se encargue de recopilar la información sobre la norma-046.
  • Falta de seguimiento a los casos atendidos en los centros especializados de atención a la violencia lo que se ve reflejado al no contar con la información en sus registros.

Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos de la solicitud de información fue conocer sobre la atención que se brindó  a las  mujeres víctimas de violencia sexual, de acuerdo a los estándares de la Norma 046:

II. Atención Integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046 de enero de 2009 a junio de 2010.

En el rubro sobre atención integral de acuerdo a los criterios de la  Norma-046, 9 estados[5] presentaron información sobre la atención que brindan a las mujeres víctimas de violencia sexual, siendo 1,057 mujeres las que recibieron una atención integral de manera parcial, es decir, no todas recibieron la atención de acuerdo a los criterios de la Norma-046.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de 9 estados, de enero de 2009 a junio de 2010:

  • A 7,299 mujeres  se les proporciono anticoncepción de emergencia.
  • A 267 mujeres víctimas de violación sexual se les proporciono anticoncepción de emergencia.
  • A 324  mujeres víctimas de violación sexual se les proporciono tratamiento para la prevención de ITS.
  • A 433  mujeres víctimas de violación sexual se les realizo una prueba de VIH.
  • A 33 mujeres se les realizo una prueba de embarazo en el momento que se realizo la denuncia.

Las demás Secretarías[6] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. No cuentan con esa información es sus registros.
  2. Las mujeres cuando viven una violación requieren apoyo psicológico y no piensan en una posible trasmisión de VIH/SIDA o embarazo.
  3. No contestaron ni dieron argumentos por los cuales no proporcionaron la información.

De acuerdo a la Norma-046 en el punto 6.3.1, se debe de brindar a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual una atención integral a los daños tanto psicológicos como físicos, así como a las secuelas específicas, refiriéndolos en caso de ser necesario, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

Con respecto a la información proporcionada por las Secretarias de Salud, se puede observar que no se les está proporcionando la atención integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046.

No hay  un seguimiento de las mujeres que acuden por atención y que se ve reflejado en la falta de información en sus registros.

 

Edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia  sexual de enero del 2009 a junio de 2010

Sólo 3 estados[7] proporcionaron información desagregada sobre la edad de las víctimas, con lo que se puede determinar que en dichos estados el 72.8% de las víctimas de violencia sexual son mujeres que tienen de 11 a 40 años.

Cuadro 1. Edad de las mujeres.

   Edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia  sexual de enero del 2009 a junio de 2010  
1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 Más de 61 No especificado
Guanajuato 17 39 54 54 54 5 4  
Nuevo León 41 140 159 148 82 20 16  
Quintana Roo 71 348 151 126 51 13 4 78
Totales 129 527 364 328 187 38 24 78
Porcentajes 7.7% 31.5% 21.7% 19.6% 11.2% 2.3% 1.4% 4.7%

Los demás estados[8] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. Las edades oscilan entre los 11 y 65 años de edad.
  2. No cuentan con la información desagregada por grupo de edades.
  3. No cuentan en los registros con la información.

 

Como se puede observar en la mayoría de los estados no se está registrando la información de manera desagregada, por lo tanto en lo referente a las edades de las víctimas es difícil tener un dato preciso de éstas, por lo que no se puede saber cuál es el grupo de mujeres, por edad, más vulnerable a este tipo de agresión, y así poder dirigir las acciones adecuadas para erradicar este tipo de violencia.

Preocupa que los estados no tengan este tipo de información estadística, a pesar de que la Norma-046 lo establece claramente en el punto 7, ya referido anteriormente, en donde busca por medio de este registro se conozca la frecuencia de probables casos por grupos de edad, institución notificante y entidad federativa.

 

Acceso a Interrupción Legal del Embarazo de enero de 2009 a junio de 2010.

De las 16 secretarias que enviaron su información, sólo el Estado de México proporciono información sobre el número de mujeres víctimas de violencia sexual (36) que solicitaron un aborto y se les autorizó el mismo.

Los demás estados[9] dieron los siguientes argumentos ante la falta de información:

  1. No cuentan con esa información en sus registros.
  2. Esa información le corresponde a los Ministerios Públicos.
  3. Ninguna mujer lo solicito.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • Falta de coordinación entre la SSA y el ministerio público.
  • Falta de canalización a los centros especializados de atención a la violencia.
  • Falta de seguimiento a las víctimas de violación sexual.

 

 

Acciones de promoción y prevención en contra de la violencia realizadas por la Secretaria de Salud.

De los 16 estados que respondieron a las variables solicitadas, todos mencionan que hacen acciones en torno a la prevención de la violencia. Estas acciones son: distribución de trípticos sobre prevención de un embarazo no deseado en caso de relaciones sexuales forzadas, pláticas en las escuelas sobre prevención de la violencia, escuelas para padres para la prevención de la violencia sexual y la violación, pláticas a niños sobre prevención de la violencia y abuso sexual, carteles y volantes que hablan sobre la violencia doméstica y conductas de maltrato, pláticas en las unidades de salud, capacitación permanente al personal de salud para la prevención y atención de la violencia familiar, obras de teatro, conferencias en hospitales, jornadas de salud reproductiva, jornadas de prevención de la violencia, entre otras.

Más del 90% mencionó que su personal médico está capacitado en temas como: detección, registro y referencia de mujeres en situación de violencia; sobre el manual operativo del modelo integrado de la Norma-046; sobre violencia familiar, de género y servicios de salud; sobre atención médica a personas violadas; sobre el diagnóstico presuntivo de maltrato infanto-juvenil; sobre aspectos legales de la violencia familiar y de género; sobre la violencia y sus diferentes manifestaciones, entre otros temas.

De acuerdo a la Norma-046 en el punto 6.1.1.1. Las y los prestadores de servicios del sector público deberán participar en el diseño y ejecución de programas educativos para la prevención y detección temprana de la violencia familiar o sexual dirigidos a la población en general; 6.1.2.1. Promover la integración de grupos de promotores comunitarios y de redes sociales en materia de violencia familiar y sexual para informar, orientar, detectar y canalizar casos de violencia familiar o sexual, y promover el derecho a una vida sin violencia y a la resolución pacífica de los conflictos, en coordinación con las dependencias competentes; 6.1.3.1 Participar en el diseño, ejecución y evaluación de campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre las formas en que se puede prevenir y combatir la violencia familiar.

Ante la falta de información podemos presumir lo siguiente:

  • La falta de campañas permanentes en la comunidad no abona a la disminución y erradicación de la violencia sexual.

 

Convenios de Colaboración con los Ministerios Públicos, así como con instituciones educativas.

Las 16 Secretarías que contestaron mencionaron que no cuentan con esa información en sus registros o no constestaron.

Lo anterior nos permite señalar que hay una falta de coordinación entre ambas instancias, cuando la Norma menciona, en el punto 5.5 de las generalidades de la implementación de la Norma-046, que las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado, para realizar una oportuna canalización de las personas involucradas en violencia familiar y sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras.

Además en el Párrafo V de las competencias de la Procuraduría General de Justicia de la Ley General de acceso a una vida libre de violencia se menciona que debe brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o encargadas de dar su atención.

 

Conclusiones:

  • Las Secretarias de Salud no cuentan con una sistematización de la información sobre la atención integral de acuerdo a los criterios de la Norma-046, debido a que sólo 9 estados presentaron información parcial sobre la misma.

 

  • La falta de coordinación entre las secretarias de salud estatales y los ministerios públicos se convierten en un obstáculo para que las mujeres víctimas de violación accedan a la atención integral, así como a una interrupción legal del embarazo.

 

  •  La falta de lineamientos de ILE por violación en los Ministerios Públicos se convierten en un obstáculo para que las mujeres víctimas de violación accedan a un aborto.

 

 

  • Las acciones de promoción y difusión deben de ser permanentes y abarcar a los diversos grupos etarios para la erradicación de la violencia.

 

  • Hay una falta de coordinación con las universidades nacionales y locales, por lo que no hay un mecanismo de evaluación sobre la atención en los Centros de Atención a la Violencia.

[1] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz,  Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, Baja California, Estado de México y Michoacán.
[2] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Edo. de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
[3] La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “ todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”
[4] Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Edo de México, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
[5] Aguascalientes, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán.
[6] Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.
[7] Guanajuato, Nuevo León y Quintana Roo.
[8] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
[9] Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

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