Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo.

versión electrónica del diagnóstico defensoras DDHH en México, 2010-2011

Toda persona, grupo o institución que contribuye a eliminar efectivamente las violaciones a derechos humanos y a las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos[1] es defensora de derechos humanos. Su trabajo es un aporte estratégico para mantener la democracia y la paz social, es también, sustento para el desarrollo de oportunidades de vida digna para toda la sociedad. Con su trabajo las personas que defienden derechos humanos amplían las posibilidades de participación ciudadana de manera constante y transforman las relaciones de poder opresivas en todos los órdenes de la vida social para realizar cambios profundos que se sostengan en el tiempo.

 

En México la tortura, la desaparición forzada y la criminalización de la movilización social han vuelto a estar presentes en forma sistemática. Nuevas formas de esclavitud y de trata de personas como aquellas con fines de explotación sexual y laboral se han incrementado, así como los homicidios con motivos de discriminación como lo es el feminicidio. Continúan también la mortalidad materna por falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a la educación, y las restricciones en el derecho al trabajo. Todas éstas son formas de violaciones a derechos humanos que afectan a mujeres y hombres.

 

Sin embargo es notorio que en México, quienes más dan seguimiento, quienes mantienen la memoria, denuncian y exigen justicia ante las violaciones a derechos humanos, son principalmente mujeres. Son la madres, las esposas, las hermanas y las amigas las que van llevando la cuenta de la limitación de las libertades. En su camino por exigir justicia ellas mismas son agraviadas por la violencia institucional contra las mujeres, a la par que se enfrentan a la impunidad y la falta de reparación. Estas defensoras emergentes se suman a cientos de defensoras que en México tienen una tradición por promover y defender los derechos humanos, en general a través de organizaciones civiles, movimientos sociales amplios, procesos comunitarios y aún de manera independiente.

 

Pero, ¿el hecho de ser mujeres genera particularidades en los obstáculos y violencia que enfrentan? ¿implicaría medidas de protección específicas y diferenciadas a las de sus colegas hombres? Estas son algunas de las preguntas que orientaron el Diagnóstico sobre las condiciones y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su trabajo que integra las reflexiones de más de 60 defensoras mexicanas de derechos humanos de diversos movimientos sociales y que trabajan en diversas regiones del país.

 

El 76% de las defensoras participantes reconocen especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo. Las diferencias detectadas son: el tipo de violencia, las formas en la que esta se ejecuta, los actores que la ejercen, así como las causas y sus consecuencias. Entre quienes sí reconocen especificidades por género,  40% de las menciones apuntan a la violencia sexual, ya sea en calidad de amenaza o de acto, como uno de los principales tipos de violencia contra defensoras. Por su parte, 12% identifican, como principal violencia, las amenazas contra la familia, hijos e hijas. Si bien esta modalidad de violencia puede darse también contra los defensores, en el caso de las defensoras genera una mayor inhibición de su trabajo. Es importante señalar que también se describieron diferencias de género específicas de los hombres. Al respecto, 4% señalaron que los hombres son más susceptibles a agresiones físicas que las mujeres.

 

La relevancia por la condición de género de las defensoras se invierte al reflexionar sobre las medidas de protección. Sólo el 26% de las defensoras entrevistadas consideran necesario desarrollar medidas de protección específicas de acuerdo a la condición de género. 

 

Traducir el reconocimiento del carácter diferenciado de los ataques y daños en medidas de protección específicas y adecuadas a esas diferencias no ha sido un proceso sencillo. Sin embargo, las que sí consideran pertinente contar con medidas diferenciadas señalan que, en particular para las mujeres, se hace necesario tomar en cuenta las especificidades de la violencia, por ejemplo, al reconocer que se deben crear medidas que les brinden una mejor protección ante la violencia sexual, ante la falta de credibilidad con que son tomadas sus denuncias, o ante la mayor soledad en la que se las deja. Así mismo, se subraya la necesidad de que los procesos de protección no sostengan el clásico prejuicio sobre la indefensión de las mujeres y que, en vez de ello, se diseñen sobre la base de construir su empoderamiento. 

 

Para efectivamente proteger a las defensoras y garantizar que desarrollen su trabajo a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos, es necesario también tener claridad sobre quiénes son los actores que las atacan. El Estado, a través de sus agentes y funcionariado de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes son los principales señalados. Las defensoras registran que de la violencia que viven, el Estado es responsable en un 55%. Esta violencia incluye agresiones y amenazas que, aunque perpetradas por personas particulares o  desconocidos, tienen a las autoridades locales, estatales o federales como instigadoras y autoras intelectuales. El 45% restante son actos de violencia cometidos por grupos conservadores, empresas, medios de comunicación y en menor medida, por colegas de los propios movimientos sociales.

 

Sólo el 4% de las defensoras contestó no haber sufrido ni violencia ni obstáculos al realizar su trabajo. 50% de las defensoras que respondieron el cuestionario dijeron haber sufrido violencia directa  por razón del trabajo que realizan; el 50% restante reconoció haber enfrentado obstáculos severos. Los actos de violencia que viven se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: a) aquellos que refieren a la vida, a la libertad y a la integridad personal; b) los relacionados con al uso indebido de los recursos del Estado, ya sean jurídicos o de uso legal de la fuerza; c) actos de violencia que difaman y desprestigian su trabajo y  persona; y d) actos que lesionan los bienes inmuebles donde trabajan, su propiedad, sus recursos, así como su privacidad y relaciones personales. La violencia que atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de quienes defienden derechos humanos es la que más se registra (60%). En un aspecto más amplio, el 86% señalaron que sus organizaciones, o bien compañeros y compañeras de trabajo, han sido objeto de violencia. Es decir, que tanto ellas, como su organización y su equipo de trabajo, se encuentran en una situación de alto riesgo.

 

Un elemento que dificulta el reconocimiento de la violencia contra las defensoras es la naturalización de la violencia en contra de las mujeres, todavía imperante en nuestras sociedades. La violencia por el hecho de ser mujeres se agudiza por el trabajo que realizan, pues trastoca los órdenes del género en el que las mujeres deben permanecer en el espacio privado, fuera de las exigencias de los derechos. Por ello se insiste en la necesidad de analizar y realizar las propuestas a través de la perspectiva de género.

 

Las medidas de protección que se implementen requieren tomar en cuenta también el contexto presente. Cuatro son los ejes que las defensoras detectan como más problemáticos para poder desarrollar su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos: la debilidad democrática, la intervención en el Estado por los poderes fácticos; la desigualdad social y económica; y la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres.

 

En ese contexto y con las partiuclaridades del Estado mexicano, las defensoras que se encuentran en mayor riesgo actualmente se detectan de acuerdo a un conjunto de elementos que pueden acumularse en una sola defensora. Por su condición se encuentran en mayor riesgo las defensoras indígenas, aquellas que tienen escasos recursos económicos y las jóvenes. Por el tipo de derechos que defienden, quienes defienden del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, principalmente violencia familiar y violencia feminicida, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y las defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, principalmente el derecho a la tierra y a la libertad sindical. Respecto de la manera en cómo realizan la defensa, aquellas que exigen el acceso a la justicia, las que denuncian públicamente las violaciones a derechos humanos y las que tienen un impacto claramente local son las que más riesgo corren. Finalmente el contexto en el que trabajan también puede ser indicativo del riesgo que corren, actualmente un contexto ligados a una cultura conservadora, y aquellos que se encuentran en situación de conflicto armado, ya sea por grupos cirminales o por la presencia de cuerpos de seguridad pública o del ejército, estabelcen un mayor riesgo para defender derchos humanos.

 

El diagnóstico incluye también información cualitativa sobre quiénes son estas defensoras, en qué situación se encuentran y cómo realizan su trabajo. Las defensoras participantes son diversas, como diversas son las causas que defienden. 36% son jóvenes adultas que han incorporado como parte de su proyecto de vida profesional y personal el ser defensoras de derechos humanos. En la otra mitad encontramos un amplio rango de edad. La diversidad generacional supone en sí misma un recurso importante de intercambio de experiencias y de perspectivas diversas, pues implica la convergencia y la acción coetánea de distintas generaciones y experiencias históricas.

 

Solo 20% de las defensoras participantes consideran que cuentan con recursos suficientes para dar respuesta a la demanda de trabajo que tienen y a las actividades programadas. Por su parte, 56% consideran que los recursos cubren apenas lo necesario, mientras que 24% consideran que son, definitivamente, insuficientes. Como recursos se refieren tanto a los económicos, como a los humanos y materiales. Esta carencia limita el desarrollo de su labor como defensoras y pone en riesgo su propio patrimonio. Para muchas la poca remuneración o la falta de personal hace que la mayor parte de su trabajo sea voluntario. Otras señalan que, además de todo ello y debido a  la precariedad en la que se encuentran las personas con las que trabajan, ellas mismas terminan aportando de sus propios ingresos.

 

La violencia contra las defensoras tiene como objetivo político detener su acción de promoción y defensa de los derechos humanos. En condiciones adecuadas de apoyo y soporte, las defensoras no solo logran remontar los daños directos por las agresiones sufridas, sino que también logran fortalecer su trabajo, su agenda y sus espacios. Los efectos negativos de la violencia pueden ser revertidos con el apoyo social y a través de estrategias y acciones que las empoderen y les den garantías de seguridad.

 

Al preguntarles qué medidas les resultaban útiles para garantizar su seguridad y protección, destacaron en primer lugar (36%) el apoyo de otras organizaciones civiles y de sus redes, tanto locales como nacionales e internacionales. Por su parte, las muestras de solidaridad y apoyo en momentos de agresión representa un recurso sumamente valorado por las defensoras, ya que les permite no sentirse aisladas y las fortalece para aminorar el miedo y enfrentar la agresión. La construcción de medidas de seguridad en el barrio o la comunidad en la que viven también se definió como un recurso útil para su protección, pues puede brindar resguardo y apoyo inmediato.  Así mismo, se valoraron las redes informales, ya sean personales o de confianza, que las defensoras han desarrollado con personas vinculadas a las instituciones del Estado, a las embajadas, al sistema de Naciones Unidas o incluso en los medios de comunicación, y que, en momentos críticos, se transforman en alianzas estratégicas para enfrentar las agresiones. Sin embargo, en su mayoría coinciden que la manera más efectiva de garantizar su protección es terminar con la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

 

El diagnóstico es una presentación cualitativa de las condiciones y la situación en como trabajan las defensoras de derechos humanos en México. Se incluye su reflexión sobre cómo asumen la identidad de defensoras y las razones de por qué la asumen. Del contexto en el que trabajan resaltan los elementos que más obstaculizan su trabajo: la debilidad democrática, la intervención en el Estado por los poderes fácticos; la desigualdad social y económica; y la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres. De manera directa, se analiza la violencia que viven las defensoras por su trabajo, así como los efectos que esta violencia tiene en la defensa de los derechos humanos, en sus organizaciones y en su persona.

 

El diagnóstico también profundiza en primera persona sobre lo que les es útil a las defensoras para protegerse y para recuperarse, con ello se presentan necesidades y retos que pueden orientar las propuestas y los procesos que es necesario fortalecer e impulsar. Además se incluye un video en el que se da voz a algunas defensoras sobre lo que les motiva a hacer su trabajo, la situación de violencia que viven y la propuesta de articularse.

 

La información recabada en el diagnóstico es resultado de las reflexiones escritas por cincuenta defensoras mexicanas como respuestas a un cuestionario que se presentó como parte del Primer Encuentro Nacional de Defesoras de Derechos Humanos en México, en octubre de 2011. Esas respuestas se enriquecieron con las reflexiones y memorias de ese primer encuentro así como del segundo que se realizó en noviembre del 2012, en cuentros en lso que participaron más de 60 defensoras en cada edición. La iniciativa surgió principalmente por el incremento de la violencia que viven por realizar su trabajo, también por la invisibilización de su situación, lo que obstruye garantizar su protección y cubrir sus necesidades por condición de género. El proceso ha sido facilitado por Asociadas por lo Justo (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.


[1] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución A/RES/53/144 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 .